Pilotos de drones afectados por Aerocámaras preparan una demanda colectiva

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Tras la declaración de nulidad de las acreditaciones expedidas por Aerocámaras durante el período afectado, los pilotos perjudicados se organizaron en otoño de 2022 para preparar una demanda colectiva contra la empresa formadora. Más de 2.600 exalumnos quedaron sin posibilidad de operar legalmente como pilotos profesionales hasta completar la formación pendiente. Entre los afectados se encontraban particulares con proyectos comerciales en marcha, miembros de la Guardia Civil de Tráfico de Mallorca y, según testimonios, también policías nacionales que habían pasado por los cursos.

Pilotos de drones afectados por Aerocámaras preparan una demanda colectiva
Comunicado AESA sobre las acreditaciones nulas de Aerocámaras

 

Por qué los afectados consideran la situación una estafa

Los testimonios recogidos por Diario de Mallorca y otros medios especializados durante octubre y noviembre de 2022 apuntan a tres líneas principales de reclamación contra Aerocámaras:

  • Negligencia en el cumplimiento normativo: las prácticas impartidas no cubrían la totalidad del programa de formación práctica exigido por AESA para operaciones en categoría específica bajo escenarios estándar nacionales
  • Calidad operativa cuestionada: los afectados describían las prácticas como charlas breves seguidas de un manejo superficial del dron — sin la profundidad operativa requerida para una certificación profesional
  • Imposibilidad de ejercer profesionalmente: la nulidad de los títulos impedía el desempeño laboral inmediato, con la consiguiente pérdida económica directa para quienes habían iniciado proyectos comerciales

Los pilotos afectados se coordinaron a través de canales informales y un grupo organizado de Telegram para preparar la presentación de una demanda colectiva a través de un bufete de abogados especializado.

 

El plazo de 6 meses para reexamen y las consecuencias laborales

Según los testimonios recogidos, los afectados que optaran por volver a examinarse en lugar de aceptar la formación correctiva ofrecida por Aerocámaras debían esperar un plazo administrativo de 6 meses. Para profesionales con encargos comerciales activos —operadores de inspección, fotografía aérea inmobiliaria, servicios audiovisuales—, esta paralización equivalía a una interrupción severa de su actividad económica.

 

Aerocámaras y la denominación Dreams Factory

Uno de los puntos señalados durante la organización del colectivo fue que la empresa había operado bajo distintas denominaciones, incluyendo el nombre comercial Dreams Factory. Esta práctica complicaba la trazabilidad para algunos alumnos que no recordaban haber contratado expresamente con Aerocámaras pese a haber recibido formación bajo la misma estructura.

 

Cuestionamiento desde el propio sector formativo

Profesionales de otras escuelas de formación de pilotos UAS en España cuestionaron públicamente las prácticas comerciales de Aerocámaras durante el episodio. Las críticas apuntaban a la venta de cursos sin garantía plena del cumplimiento normativo, así como a antecedentes de litigios previos entre la empresa y AESA que, según fuentes del sector, no habrían derivado en sanciones definitivas por la estrategia de defensa jurídica empleada. Aerocámaras demanda colectiva

 

Documentación pública del caso

 

Marco regulatorio aplicable a la formación de pilotos UAS

El episodio Aerocámaras-AESA tuvo lugar en pleno proceso de transición desde la normativa nacional previa a la categoría EASA actual (vigente desde el 31 de diciembre de 2020 y consolidada en 2022). Esta convergencia de marcos normativos —con escenarios estándar nacionales todavía vigentes para operaciones específicas— exigía a las organizaciones formadoras una adaptación continua de sus programas. Para entender el marco vigente actual y los requisitos formativos exigidos para operar legalmente como piloto profesional, consulta nuestra guía completa de normativa de drones en España.

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Aerocámaras demanda colectiva: esta noticia documenta hechos contrastados a partir de fuentes públicas y comunicaciones oficiales de AESA y la propia empresa. No constituye asesoramiento legal y no representa al colectivo de afectados. Para acciones legales en curso o información actualizada sobre el estado de las reclamaciones, consulta con asesores jurídicos especializados en derecho administrativo y de transporte aéreo.

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