La guerra de Ucrania ha dejado una lección que ningún ejército europeo puede ignorar: el dron pequeño, barato y numeroso es hoy la amenaza más frecuente para cualquier unidad desplegada. España ha respondido con un programa de compra de sistemas antidrón para sus contingentes en el exterior. Aquí lo contamos con los datos oficiales del Ministerio de Defensa y repasamos qué dice la ley para el resto de los mortales.
El programa C-UAS ZO
Su nombre oficial es Contra UAS para Zona de Operaciones (C-UAS ZO) y no es un programa de desarrollo, sino de compra de sistemas ya existentes, con prioridad para la industria nacional según la Estrategia Industrial de Defensa de 2023. El objetivo: detectar, identificar y neutralizar drones de clase I —menos de 150 kg—, en particular los llamados LSS (low, slow and small: bajos, lentos y pequeños), incluidos los que navegan por inercia, se guían solos o usan radiofrecuencias distintas de las de los drones comerciales.
El 25 de junio de 2024 el Consejo de Ministros autorizó comprar 14 sistemas —siete fijos y siete móviles— y tres simuladores por un valor estimado de 30,24 millones de euros. Hasta entonces, la neutralización española se basaba en inhibir señales de radiofrecuencia y de satélite (Revista Española de Defensa, marzo de 2025).
Aracne
El 12 de febrero de 2025 la secretaria de Estado de Defensa firmó con Indra y EM&E Group el suministro de los 14 sistemas C-UAS Aracne, desarrollados en una unión temporal de empresas con TRC como socio. Aracne combina radar, detección de radiofrecuencia y cámaras electroópticas con inhibidores y sistemas de armas, todo bajo un mismo mando y control. Es la evolución lógica: en Ucrania, un sistema que solo detecta o inhibe radio no ve un dron autónomo ni un FPV de fibra óptica.
Crow, Cervus III y los ejercicios Atlas
Antes de comprar, las Fuerzas Armadas probaron. Los ejercicios Atlas enfrentaron drones con sistemas antidrón en El Ferral (León) en la primavera de 2023 y en San Gregorio (Zaragoza) en junio de 2024. En Atlas 24 se evaluaron el Cervus III —detección, seguimiento e interceptación de drones aéreos y terrestres con radar, cámaras, antenas de radiofrecuencia e inhibidores, gestionado con inteligencia artificial— y el Crow de Indra, que ya usa el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire y del Espacio con su propio mando y control, C4ARMS (ficha de Indra Crow). El precedente es el proyecto de I+D Cóndor, de finales de la década pasada, que buscaba sistemas portátiles y fijos con alrededor del 70 % de diseño y fabricación nacional.
Y los drones propios: el CEUS de Huelva
La otra cara es probar los drones españoles. Desde octubre de 2024 el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) tiene en Moguer (Huelva) el Centro de Ensayos de Unmanned Systems (CEUS): 75 hectáreas junto al centro de El Arenosillo, un espacio aéreo segregado sobre el mar de un millón de hectáreas y una pista de 2.000 metros para drones de hasta 25 toneladas al despegue. El primero en usarlo fue el Tarsis de AERTEC, un dron de 75 kilos del programa Rapaz, que dota a las Fuerzas Armadas de drones de hasta 150 kilos. Allí vuela desde 2025 el Milano del INTA; el SIRTAP de Airbus empezará a principios de 2026 y el Eurodrone podría hacerlo a partir de 2027 (Revista Española de Defensa, diciembre de 2025).
España en el contexto europeo
Mientras tanto, los vecinos compran cañones antidrón: Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Hungría y Bélgica han encargado el Skyranger 30 de Rheinmetall, un cañón de 30 mm con munición programable y misiles. La Unión Europea, por su parte, prepara su «muro de drones» tras las incursiones rusas en Polonia de 2025.
¿Y un particular o una empresa?
Aquí la ley es tajante y conviene tenerlo claro antes de comprar nada:
- Inhibir está prohibido. El artículo 82.4 de la Ley 11/2022, General de Telecomunicaciones, prohíbe importar, vender, anunciar, tener o usar cualquier equipo que genere interferencias intencionadas, salvo para la seguridad pública, la defensa y la seguridad nacional, la navegación aérea y marítima y las prisiones. Es una infracción muy grave (art. 106.9), con multas de hasta 20 millones de euros (art. 109.1.a).
- Neutralizar corresponde al Estado. El estudio Drones y Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional (2023, págs. 441-442) recuerda que no hay una ley que mencione expresamente los sistemas antidrón: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden intervenir ante una amenaza concreta con una fuerza ponderada, y la Secretaría de Estado de Seguridad decide qué sistemas son de interés para la seguridad nacional. Aun así, el mismo estudio advierte de que perturbar el GPS de un dron puede generar responsabilidad civil (art. 1.902 del Código Civil), y destruir un dron ajeno es un delito de daños (art. 263 del Código Penal, pág. 224). Si un agente con cobertura legal corre esos riesgos, un particular los corre todos, más la sanción administrativa por inhibir.
- Detectar sí se puede. Lo que está al alcance de un operador privado es detectar, identificar y avisar: sensores pasivos de radiofrecuencia como los detectores portátiles, radar o cámaras, siempre dentro de la normativa de protección de datos. Lo explicamos en la ficha de la wiki Caso de uso — Antidrón (C-UAS).
Fuentes
- Ministerio de Defensa, Revista Española de Defensa n.º 425 (marzo de 2025), págs. 38-39: programa C-UAS ZO, contrato Aracne, Crow, Cervus III y ejercicios Atlas.
- Ministerio de Defensa, Revista Española de Defensa, diciembre de 2025, págs. 38-40: el CEUS del INTA.
- BOE, Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones (arts. 82.4, 106.9 y 109).
- Departamento de Seguridad Nacional, Drones y Seguridad Nacional. Un estudio multidimensional (2023), págs. 224 y 441-442.
- Wikipedia (en): Skyranger 30; Parlamento Europeo y Comisión Europea sobre el muro de drones (2025-2026).
Crédito de la imagen
Portada — BlueSpace Technology SILENTA 6001, de Maj. Leyda Kanzler · dominio público · Wikimedia Commons. Recortada.